martes, marzo 08, 2011

Municipio de Medellín, atropella a mujeres indefensas





Solicitamos a medios de comunicación y periodistas solidarios, movilizarse a la dirección del lugar. También a personas y entidades generosas, para que en el mayor tiempo posible se solucione el impase social y las damas vuelvan o por lo menos al final de sus vidas tengan paz, equilibrio social. El estado debe dar trato preferencial a quienes sufren inclemencias de pobreza y abandono. Dirección del Inmueble: Carrera 49 No. 69 – 53/43. Barrio Campo Valdés, sector San Pedro Medellín, Colombia, Sur America. Persona para contactar en Medellín: Luz Janeth Bermúdez Lopera E-mail Contacto: ljaneth99@yohoo.com - Teléfono Casa: (57) 4 212-8636. Teléfono Móvil: (57) [3] 300 616-9951. Así narra el caso desde la ciudad de Medellín, la otrora “ciudad de eterna primavera”, la dama que nos hace llegar la cruel noticia: En el día de hoy quiero agradecerles primeramente por estar siempre disponibles para la sociedad civil; asesorándolos y poniendo a su disposición valiosa información que nos empodera y ayuda a luchar siempre por el respeto a la dignidad humana; haciendo valer nuestros derechos y responsabilidades.


Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitar asesoría y protección de CARÁCTER URGENTE, ante una situación de inobservancia vulneraria en la persona de 4 mujeres de la tercera edad, de 98, 85, 67 y 65 años respectivamente, en estado de indefensión; algunas discapacitadas y sin empleo. donde Control Urbanístico del Municipio de Medellín durante el mes de febrero ordenó el trámite de resolución No. 015-M3 POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN EN MATERIA URBANÍSTICA, económica y legal; ante la cual solicito nulidad a razón de que:

Desde hace 2 años, obré mediante ERROR DE PROHIBICIÓN, desde el pleno desconocimiento (ignorantia legis), creyendo que actuaba dentro de los márgenes de la norma jurídica, y sin saberlo transgredí (error iuris); la ley urbanística 388 de 1997 generando una nueva destinación en mi propiedad la cual tiene 17 mts de frente, y es un sótano de 4mt de alto. Todo, a razón de que soy una mujer desempleada y sola, cabeza de hogar quien tiene bajo su responsabilidad a 4 mujeres de la tercera edad y a quienes TENGO que garantizarles el MINIMO VITAL; ; entre ellas mi abuela de 98 años de edad, quien el pasado 22 de diciembre tuvo fractura de cadera y que por problemas de humedad se encuentra aún bajo antibioterapia, una situación delicada para su salud; máxime cuando desde agosto de 2010, un funcionario de Obras públicas de la Alcaldía de Medellín obrando desde la mala fe, afectó severamente mi propiedad, y que hoy se inunda severamente, aumentando la grave problemática de salubridad de mi familia a causa de los problemas de humedad y deterioro, sin que la Administración intervenga, aun cuando he puesto 3 tutelas, para que por favor se respete el derecho constitucional a la salud y a la vida digna; haciéndose allí caso omiso a las solicitudes e invisibilizando derechos fundamentales de igualdad, salud, movilidad y a la vida misma.


Pero la razón expresa de mi solicitud, aún con lo delicado del caso anteriormente mencionado, es otro problema no menos grave, que requiere de una solución sencilla, pero que sola me ha es imposible sobre llevar sin que a éste dilema, MEDIE UN ORGANISMO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, a sabiendas que la protección local en mi caso ha sido nula e inobservante desde hace ya 9 meses, vulnerando nuestros derechos y atentando gravemente contra los mismos desde el más importante de ellos la salud, concatenado éste a la vida, donde la OMS, aprobada en 1946 y en vigor desde 1948, quien la definió de modo afirmativo “estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”; donde “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social”. En: (WHO, 1946:2).


Infringí la norma generando una segunda destinación para garantizar el mínimo vital de mi familia, y para garantizar un pequeño espacio donde mi abuela tan afectada por la severidad de la humedad en el “hueco donde vivo”, pudiera habitar en un espacio medianamente adecuado a su movilidad reducida, libre de humedades, y donde a la fecha, pudiera sobrellevar los traumas post traumáticos y de la cirugía de cadera con implantes metálicos que se acrecientan con las inclemencias del frio contenido en el sótano.Hoy se me penaliza, dándome 15 días hábiles para pagar cinco millones de pesos y 60 días hábiles para legalizar una propiedad en la que la copropietaria del segundo piso por obstinación y actuando sediciosamente no me lo ha permitido.


Sé que el desconocimiento de la norma no me exime de responsabilidades, pero lo que no puedo permitir es que la aplicabilidad de la ley me viole el debido proceso, invisibilice las acciones adelantadas para responder por la infracción y se me atropelle desde la inobservancia de derechos constitucionales que priman en momentos coyunturales, para que NO se realicen procesos injustos, y se respete la dignidad humana. Al respecto la Corte Constitucional Colombiana, ha reconocido en sentencia C-070/96 (Énfasis original): El Estado Social de Derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden, sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la configuración del ordenamiento penal, la facultad de fijar cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los bienes tutelados. El constituyente erigió en los derechos fundamentales, límites sustantivos del poder punitivo del Estado¸ racionalizando su ejercicio: Sólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento.


De igual manera, pido que me juzgue desde lA PROPORCIONALIDAD COMO PRINICIPIO CONSTITUCIONAL de la sentencia C-070/96, donde se colige que la proporcionalidad, en términos generales tiene que ver con el “juicio que exige evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos, es decir; la PROHIBICIÓN DE EXCESO, EN LA SANCIÓN, GARANTIZANDO LA DIGNIDAD HUMANA Y LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD QUE JUSTIFICAN la diversidad de trato pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso (CP. Art 13)”.
No son pocas las referencias de máximo tribunal constitucional de Colombia al respecto de la proporcionalidad como principio de nuestro modelo de Estado Social de Derecho. Por ejemplo, en sentencia T-254/94 dijo la Corte (énfasis fuera del original), igual que no son pocas las solicitudes de protección que he realizado, y que no han sido tenidas en cuenta para mi caso.


Acudí a la Defensoría del Pueblo, el máximo órgano encargado de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en Colombia, organismo que dejó clara; sostenida y reiterativamente que: las sanciones impuestas al infractor deben guardar proporcionalidad con la conducta sancionada. Las autoridades jurisdiccionales gozan de amplio margen de discrecionalidad en el uso del poder sancionador atribuido por la Constitución o la ley. No obstante, éste poder no es ilimitado, debe ser razonable y dejar intactos otros valores jurídicos protegidos por el ordenamiento.


Aun cuando acudí a la Defensoría y acudo constantemente a la Constitución política colombiana en sus artículo 2, y siguientes, que consagra los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes desde un orden justo; donde las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; reconociendo la primacía de los derechos inalienables de la persona, concurriendo para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad. Igualmente acudo al artículo 95, donde es deber el reconocer la Constitución y asumir las responsabilidades; obrando conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; defendiendo y difundiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, entre otras obligaciones que piden colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia y la equidad. Pero ello no implica, que se invisibilice lo anteriormente formulado, y consagrado en la parte primaria y fundamental de nuestra constitución a razón de la aplicación inadecuada, según el caso, de sanciones pecuniarias que exijan al extrapolación de los derechos y garantías de las ciudadanos colombianos. De ahí que no hayo solución a mi solicitud de nulidad y de restablecimiento de derechos; por tanto acudo a Entes internacionales de veeduría de derechos humanos elevando un gran S.O.S de carácter prioritario para que me orienten y/o ayuden a intervenir de manera tajante éste absurdo abuso y violación de derechos humanos.


Muchas gracias, de antemano un Dios les pague, y quedo a la espera de una pronta y acertada colaboración.


Solicitamos a medios de comunicación y periodistas solidarios, movilizarse a la dirección del lugar. También a personas y entidades generosas, para que en el mayor tiempo posible se solucione el impase social y las damas vuelvan o por lo menos al final de sus vidas tengan paz, equilibrio social. El estado debe dar trato preferencial a quienes sufren inclemencias de pobreza y abandono. Dirección del Inmueble: Carrera 49 No. 69 – 53/43. Barrio Campo Valdés, sector San Pedro Medellín, Colombia, Sur America. Persona para contactar en Medellín: Luz Janeth Bermúdez Lopera E-mail Contacto: ljaneth99@yohoo.com - Teléfono Casa: (57) 4 212-8636. Teléfono Móvil: (57) [3] 300 616-9951.

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